Director: Alfonso Rojo
(RD).- El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, manifestó ayer que la aplicación de una moratoria urbanística "sería nefasta" y supondría "la pérdida de 100.000 viviendas de protección pública (VPP) en la próxima legislatura".
Según González Pons, esta pérdida se produciría si "un gobierno tripartito liderado por el PSPV siguiera adelante con la descabellada idea de paralizar todos los proyectos urbanísticos que se desarrollan en la Comunidad".
González Pons destacó que el Consell "ha realizado un importante esfuerzo para impulsar la vivienda protegida y la parálisis de los numerosos proyectos que incluyen un elevado número de viviendas de protección pública colocaría a las familias con mayores dificultades, y sobre todo a los jóvenes, en una situación muy difícil, por no decir imposible, para acceder a un hogar protegido".
Según los datos del consejero, "aplicar una moratoria urbanística sería dejar de construir 100.000 viviendas cada año, de las que entre 25.000 y 30.000 serían protegidas, perder una inversión de entre 15.000 y 20.000 millones de euros anuales y poner en peligro entre 350.000 y 400.000 empleos":
"Sería colocar a la Comunidad en una situación insostenible tanto económica como socialmente".
Martes, 7 de octubre
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