Director: Alfonso Rojo
(K.Miró/RD).- Disciplina, respeto al maestro y prohibido usar el teléfono móvil. No son tres premisas para entrar al ejército. Son los condicionantes que la conselleria de Educación propone en el borrador de decreto que ha elaborado sobre Derechos y Deberes de alumnos, profesores y familias.
Se trata por tanto de "recuperar el valor de la disciplina en el aula", "devolver la autoridad" al maestro para que mantenga el orden en las aulas y prohibir el uso del móvil en el centro, con posibilidad de confiscación temporal del celular.
Uno de los objetivos expuestos en este decreto es actualizar la normativa existente y que en junio esté preparado para que pueda ser de aplicación en el curso escolar 2007-2008.
El borrador regula los derechos y responsabilidades del alumnado, de los padres y madres y de los profesores, así como la regulación de las normas de convivencia y de los procedimientos para la resolución de conflictos que alteren la convivencia escolar.
Entre los derechos de los alumnos, la conselleria incluye el de la formación integral, la objetividad en la evaluación, respeto de las propias convicciones, a la integridad y dignidad personal, de participación, asociación, reunión e información, así como la libertad de expresión y a recibir los recursos que sean necesarios.
DISCIPLINA
La conselleria pretende, según manifestó Felip, "comenzar a quitar carga negativa" al concepto de "disciplina", que es "fundamental". En este sentido, aseguró que "hay que recuperar el valor de la disciplina en el aula", lo que no quiere decir, especificó, "ni autoritarismo ni vulneración de derechos".
De este modo, la Generalitat considera que los deberes del alumno se asientan en tres principios: esfuerzo, disciplina y responsabilidad, que se entienden como catalizadores del desarrollo integral de los individuos.
En el decreto se estipula que cada centro educativo elabora su propio plan de Convivencia, entendido como modelo de actuación planificada para la prevención y para la intervención ante conductas que alteren y/o perjudiquen gravemente la convivencia entre sus miembros. En su elaboración participará toda la comunidad educativa.
En cualquier caso, se estipulan dos categorías: las conductas sus medidas correctoras y las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro educativo y su procedimiento sancionador.
Respecto a las primeras, la conselleria plantea "devolver la autoridad al maestro", de forma que pueda aplicar directamente en el aula medidas como la amonestación verbal; la comparecencia inmediata ante el jede de estudios o director; la privación del tiempo de recreo, la realización de tareas educadoras por parte del alumno en horario no lectivo, la suspensión de participación en actividades extraescolares o complementarias, del derecho de asistencia a determinadas clases y la retirada de teléfonos móviles.
Sobre esta última cuestión, Felip indicó que se propone la "no utilización de los móviles dentro del centro educativo", de forma que "si alguien utilizara el móvil incorrcetamente, el profesor podría determinar la retirada del movil, su confiscación temporal".
De este modo, dijo que se va a prohibir el uso del móvil en el centro educativo, pero indicó que el teléfono es "un elemento más, y el alumno puede utilizarlo adecuadamente", de forma que no se prohibirá que sean llevados a la escuela. No obstante, los centros podrán aplicar esta cuestión en función de su reglamento de régimen interior.
Sobre las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, --que recogen los actos graves de indisciplina y violencia ejercida contra las personas y las cosas y que incluye como agravantes las ejercidas en grupo, con premeditación y reiteración y su publicidad a través de las nuevas tecnologías (ciberbullying)--, se plantea que el procedimiento sea más ágil y más sencillo que en el anterior decreto, recortando los tiempos necesarios para su instrucción y resolución.
Así, no prescribe con el curso escolar, permite la notificación a través de correo electrónico o SMS, y abarca un mayor número de medidas cautelares o provisionales que puede adoptar el director del centro, como el cambio provisional de grupo o la suspensión provisional del derecho de asitencia al centro o a determinadas actividades o clases.
En cuanto a los tiempos, estipula un total de 15 días --la mitad que en el decreto anterior--. De este modo, los plazos para la decisión de apertura de expediente disciplinario son: dos días desde el conocimiento de los hechos que lo motivan más 10 días para la instrucción del expediente y vista audiencia a padres por parte del instructor más tres días desde que el instructor eleva la propuesta de sanción y el director del centro resuelve. La idea es agilizar el proceso sin vulnerar sus garantías.
PROFESORES
En cuanto a los maestros, tienen el derecho a ser respetados, "conforme a la alta función profesional y social que realizan y a recibir la colaboración necesaria por parte de las familias para la consecución de un clima adecuado de convivencia".
Así, se prevé la potenciación de la autoridad del profesor, el "respeto" a sus decisiones. Se trata, dijo, Felip, de dar "una fuerza mayor a la figura del profesorado, que estaba, de alguna manera, socialmente infravalorada".
El borrador del decreto también recoge derechos y responsabilidades de padres, madres y tutores, que se resumen en el derecho a ser informado y a participar en el proceso de mejora del clima educativo, así como en la obligación de involucrarse activamente en la transmisión de valores para la mejora del proceso educativo de sus hijos y del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar.
También se potencia la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro que coordinará el Plan de Convivencia y canalizará las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa representados en el consejo escolar del centro para mejorar la convivencia.
Viernes, 16 de mayo - 
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