(S. P. C.).- El escándalo va a más. Aunque Enrique Ortiz y Luis Díaz Alperi hayan querido quemar las naves de sus escuderos, el cerco se está estrechando sobre su figura. Castedo se autoinculpó para salvar la figura del alcalde. Ahora ha seguido sus pasos el director de construcciones del grupo del empresario alicantino que ha sido imputado por el juez tras intentar exculpar a su jefe.
Ortiz y Alperi quisieron tirar de sus técnicos para lavarse las manos en el caso de los aparcamientos, pero el cerco es cada vez más estrecho sobre sus figuras. Aunque las dos partes hayan querido justificar el quebranto en el apartado técnico, las sospechas siguen sobre sus figuras.
El alcalde quemó la baza de Sonia Castedo, que se autoinculpó de las mejoras en la licitación de tres aparcamientos concedidos a Enrique Ortiz. Y ahora ha sido el director de construcciones del grupo Ortiz, Santiago Bernáldez, el que ha querido salvar la cabeza de su jefe.
El apoderado de Ortiz, que aparece en todo el proceso de contratación, ha eximido de culpa a Enrique Ortiz tras reiterar que él tenía la autorización para firmar documentos relevantes. Ante esta situación, el juez ha paralizado su declaración como testigo para imputarle.
De este modo, el magistrado considera que esta declaración le hacía responsable de los delitos que se han podido cometer en la licitación pública. Ahora tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 24 de abril.
Además de Bernálbez, están imputados el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, los concejales de Tráfico, Luis Concepción, y Urbanismo, Sonia Castedo; el jefe del departamento técnico municipal de Tráfico, el imputado Antonio Escobedo, y Enrique Ortiz.
El juez abrió diligencias después de que la Fiscalía Anticorrupción considerara que pudo existir un concierto entre el alcalde, los dos concejales con Ortiz para "conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial", con una pérdida al Ayuntamiento de, al menos, 2.268.060 euros.
LA FARSA DE LAS LICITACIONES
Después de que Florentino Regalado, arquitecto de Ortiz y director de uno de los parkings que la Fiscalía está investigando, declarase que este tipo de licitaciones son una farsa, las sospechas aumentan sobre la figura de Alperi y del propio empresario.
Bernáldez ha insistido en que las modificaciones del contrato, y que supuestamente han provocado un importante quebranto público, fueron únicamente una decisión suya y ha insistido en que Enrique Ortiz no ha tenido nada que ver en este juego.
De hecho, ha aclarado que ni el comité de dirección ni el propio Enrique Ortiz no entran habitualmente en esta toma de decisiones sobre problemas específicos de los contratos.
El juego de Alperi y Ortiz es claro: lavarse las manos llevando el caso al terreno de los técnicos. Y ya hay dos cabezas de turco: la de Sonia Castedo y la de Santiago Bernáldez.
SEGUIR LA PISTA DEL DINERO
José Luis Valdés, que denunció el quebranto en el caso de los aparcamientos, insiste en que hay que seguir la pista del dinero porque aunque su apoderado se inculpe, el verdadero beneficiado era el propio Enrique Ortiz:
“Ortiz se ha buscado un escudero, pero demuestra que el juez va en la misma dirección”.
Además, Valdés espera que la justicia “demostrará que el técnico no es el responsable de una valoración excesiva de los aparcamientos y que el que se ha beneficiado ha sido Ortiz”.
Fernández Cabello, también acusación particular, también ve el cerco más estrecho sobre Alperi y Ortiz:
“A poco que el juez investigue va a llegar a unas responsabilidades penales porquue políticas ya las hay. Esto no son acusaciones que estaban en el vacío cuando se hablaba de una persecución. Esto es una clara muestra de corrupción porque las reglas del juego estaban entre Ortiz y Alperi”.
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