(RD / EP).- El Consell ha lanzado un ultimátum contra la desaladora de Torrevieja. O se minimiza el impacto ambiental, paralizando la construcción si es preciso, o en cinco días pasarán por la Fiscalía. El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, se ha mostrado inflexible.
González Pons amenazó con acudir a los tribunales si en cinco días el Gobierno:
"No aporta los documentos requeridos por la Generalitat valenciana para minimizar el impacto ambiental que produce o no paraliza las obras que ya han sido iniciadas".
¿HAY IMPACTO AMBIENTAL?
El titular de Territorio remarcó que la desaladora de Torrevieja:
"No tiene declaración de impacto ambiental en el volumen con el que ahora se está construyendo".
Además, tampoco posee esta declaración la subestación eléctrica prevista, al tiempo que apuntó que la abocación de sal se va a hacer sobre una zona LIC -Lugar de Importancia Comunitaria-- y las obras:
"Se han iniciado en un área de protección de parque natural sin la autorización correspondiente de la Generalitat valenciana".
PUEDE HABER DELITO
Así, señaló que la Generalitat:
"Tiene capacidad para paralizar las obras si en el plazo de cinco días no se aportan los documentos que deben aportarse o si no se han paralizado las obras. [Irá a Fiscalía] por si se pudiera estar cometiendo un delito contra el medio ambiente".