Director: Alfonso Rojo
Está acusado, pero eso no le impude jugar al ataque. Y así lo ha hecho la defensa del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), y de la concejal Sonia Castedo, imputados por prevaricación en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos.
Su defensa ha presentado un recurso que, según fuentes jurídicas, podría anular el interrogatorio de la acusación popular.
El recurso de apelación se fundamenta en "un error de forma", ya que el juzgado que instruye el caso admitió la personación de las dos acusaciones populares -Esquerra Unida (EU) y Vecinos por Alicante (VA)-, sin recibir previamente una notificación de la Audiencia de Alicante por la que reducía los avales para la citada personación, según informaron fuentes judiciales.
La decisión de la Audiencia provincial respondía a la petición de EU y VA para reducir la cuantía económica de los citados avales, exigidos por el Juzgado de Instrucción número 8.
Conocida esta resolución, el Juzgado admitió la personación de ambas agrupaciones, lo que permitió a sus respectivos letrados asistir y hacer preguntas durante la declaración de Alperi y Castedo ante el juez instructor.
Las citadas fuentes explicaron que el derecho de libertad de defensa de las acusaciones populares "colisiona" con el derecho al proceso debido que ampara a Díaz Alperi y Sonia Castedo.
"No se ajusta a derecho la admisión por parte del Juzgado de la personación de las acusaciones populares cuando aún no había sido recibida la resolución de la Audiencia a la cuestión de reducir los avales económicos".
Si este recurso es admitido, "quedarían anuladas" las preguntas que elevaron los letrados de ambas acusaciones populares a ambos imputados, quienes declararon los días 13 y 15 de diciembre.
No obstante, fuentes judiciales recordaron que tanto el alcalde como la edil de Urbanismo se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones populares.
Asimismo, explicaron que este recurso "no demora en nada" el procedimiento iniciado, y el magistrado instructor deberá decidir si pide la práctica de más diligencias o declaraciones para, posteriormente, determinar si procede la apertura de juicio oral.
Además de Alperi y Castedo, están imputados el concejal de Tráfico, Luis Concepción, el promotor de la obra y un técnico municipal por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denunció estas supuestas irregularidades el pasado 21 de agosto, cifra las pérdidas sufridas por el Ayuntamiento por los cambios del contrato en al menos 2,26 millones de euros.
Según Briones, pudo haber un "concierto" entre el alcalde, los concejales y el empresario para "conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial".
Para lograrlo, el alcalde firmó supuestamente un decreto en enero de 2004 por el que ordenaba sustituir a la dirección del contrato, representada por técnicos de Urbanismo que habían informado contra los cambios, a favor del jefe del departamento técnico de Tráfico, el imputado Antonio Escobedo, que sí avaló los modificados.
Viernes, 16 de mayo - 
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