Director: Alfonso Rojo
REDACCIÓN-.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la petición de dos sindicatos de enseñanza, CSI-CSIF y ANPE, para que las agresiones físicas y verbales que sufren los docentes sean tipificadas como un delito de atentado a la autoridad, tal y como publica el diario ABC.
En un decreto firmado el pasado martes, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, recuerda la legislación vigente y en base a ella concluye que «las agresiones y amenazas dirigidas contra funcionarios docentes se considerarán atentado a funcionario público y no a autoridad».
El fiscal responde así a los escritos que le hicieron llegar los sindicatos CSI-CSIF, ANPE y STEPV en los que reclamaban una mayor protección jurídica para los docentes y un endurecimiento de las sanciones para quienes les atacan, ya sean alumnos o padres.
Frente a los otros dos sindicatos, STEPV era el único que defendía la persecución de las agresiones a los profesores como si de atentados a funcionarios públicos se tratara.
La Fiscalía justifica su decisión en el artículo 24 del Código Penal, según el cual «el carácter de autoridad se reserva al que por sí o como miembro de órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia».
Los profesores, viene a decir el fiscal jefe, no son autoridad, aunque sí funcionarios públicos y el Código Penal, en su artículo 550, atribuye un delito de atentado a quienes «empleen fuerza contra ellos, les intimiden gravemente o hagan resistencia activa grave cuando estén ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas».
PROTEGER A LOS DOCENTES
En el diario ABC también dicen que a pesar de este decreto, la Conselleria de Educación confirmó el martes que mantiene su intención de solicitar al Gobierno central un cambio en el Código Penal para que recoja como atentado contra la autoridad las agresiones a los docentes y se ponga así freno los casos de acoso y violencia escolar. De la misma forma, el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, mantendrá esta calificación en los casos en los que asuma la defensa de los profesores de los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana ante cualquier caso de agresión o amenazas por parte de los alumnos o de sus padres.
Desde la Generalitat Valenciana se considera que esta es la mejor forma de proteger a los docentes ante los cada vez más numerosos casos de agresiones, tal y como recogen las conclusiones del congreso «Familia y Escuela» celebrado en Valencia y en el que participaron expertos tanto nacionales como internacionales.
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