Director: Alfonso Rojo
(PD/EFE).- El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés ha sobreseído esta mañana el caso contra ocho médicos del hospital Severo Ochoa de esa ciudad madrileña por las supuestas sedaciones irregulares a 15 pacientes terminales, al no quedar acreditada la comisión de un delito, según han informado fuentes judiciales. El juez considera que en el citado centro se incurrió en malas prácticas médicas, pero no se ha podido probar conexión alguna entre éstas y las muertes.
Los hechos juzgados se remontan a 2003, pero salieron a la luz pública dos años después. En marzo de 2005, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional de Madrid destituía a la cúpula del hospital Severo Ochoa de Leganés, a raíz de una denuncia anónima sobre "una práctica de eutanasia masiva" con hasta 400 supuestos casos de homicidio. El consejero, Manuel Lamela, dio credibilidad a la denuncia. En el centro del huracán se situó al coordinador del servicio de Urgencias, Luis Montes.
Sin embargo, los servicios de inspección de Sanidad de la comunidad sólo detectaron fallos administrativos, sin poder establecer que hubiera malas prácticas médicas en el tratamiento de los enfermos. Poco después, Lamela presentaba un informe sobre la investigación que cifraba en 73 las sedaciones irregulares llevadas a cabo en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. El consejero veía indicios de responsabilidad penal en los médicos. La Fiscalía de Madrid examinó estos casos, y concluyó que sólo 16 merecían ser investigados por ver si se había incurrido en algún delito.
La familia de uno de los pacientes, un carpintero jubilado de 78 años, presentó una querella por supuesto homicidio imprudente que ingresó en situación agónica terminal en 2003 y falleció horas después, habiéndosele aplicado una sedación. La familia aseguraba que había ingresado "casi andando y salió muerto"; Sanidad lo consideró uno de los casos más claros de sedación contraindicada. El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés archivó el caso por "falta absoluta de indicios". La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el fallo, apoyándose en un informe del Colegio de Médicos de Madrid, que estableció que no había quedado probada la relación entre las sedaciones estudiadas y la muerte de los pacientes.
Sin embargo, el mismo juzgado de Leganés ordenó el pasado mes de junio al hospital que le entregara los datos de los médicos que aplicaron las sedaciones a los otros 15 pacientes terminales para citarlos como imputados. Dos meses después, los doctores comparecían ante el juez para declarar. Montes afirmó que ahora los pacientes terminales que son tratados en Leganés "sufren más", debido al cambio "muchísimo y para mal" de las prácticas de sedación tras su destitución.
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