(RD).-La Consellería de Medio Rural garantiza que está "mejor preparada" y en "mucha mejor situación" para hacer frente a los incendios de verano de lo que lo estaba el pasado año. Pero los guardias forestales y el PPdeG lo desmienten.
La Xunta ha adelantado un mes, de julio a junio, la puesta en marcha del operativo contraincendios de la campaña de verano, que contara con 6.000 efectivos y más de 2.000 medios y que serán coordinados por un nuevo plan, el Pladiga, que sustituye al Infoga.
"Tenemos todo ya preparado, con el personal mejor formado y contratado por más tiempo", destacó Suárez Canal, antes de dar a conocer al sector en el Consello Forestal el nuevo Plan de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (Pladiga),con el objeto de que presenten sus aportaciones y poder aprobarlo "próximamente", en unos 15 días.
Sin embargo, cabe recordar que lo mismo dijeron con el Plan Infoga poco antes de los fuegos del 2006. En aquellos días el director general de Montes de Galicia, Alberte Blanco, explicaba que la formación de las brigadas que operan para prevenir y sofocar los incendios sufrirá "una notable mejoría, ya que la administración autonómica ha centralizado los programas de aprendizaje" y alababa el Plan Infoga, que terminó siendo un auténtico fracaso. El plan catalogaba 391.000 ha. como espacios de máximo riesgo; al final de los incendios habían ardido más de 100.000.
"Galicia no está preparada"
Los guardias forestales defendieron esta semana la necesidad de este tipo de acción para "dar a conocer" a la sociedad que Galicia "no está preparada" para hacer frente a la época de alto riesgo de incendios del verano, al tiempo que denunciaron que los trabajos de prevención no han sido "los adecuados".
Coreando "negociación no imposición" -en referencia a que hace un año que Medio Rural y Medio Ambiente "no se sientan" a negociar con ellos estas mejoras- se situaron en las entradas de acceso a la Xunta, dificultando el paso a estos edificios administrativos; o el tráfico en la zona, ya que realizaron breves sentadas. Sin embargo, no llevaron a cabo, finalmente, el encierro anunciado en estas dependencias, a la espera de un futura reunión con la Xunta la semana próxima.
La relación entre los sindicatos de los guardias forestales con la administración bipartita ha sido muy tirante desde que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó en plena ola de incendios a individuos «despechados» por no haber sido contratados en esa momento en las brigadas antiincendios.
La Asociación Profesional del Personal de Defensa contra Incendios Forestales (APROPIGA) ha criticado la 'guerra política' motivada por los incendios forestales de Galicia porque propicia 'el desprestigio de los trabajadores'. 'Los anteriores gobernantes dicen que no valemos para nada y los actuales no nos defienden ni nos valoran', denunció el colectivo en un comunicado, en alusión a las declaraciones de la ministra.
Para los brigadas forestales, estas manifestaciones fueron 'desafortunadas' y lo único que consiguen es 'echarnos a los vecinos encima mientras estamos compartiendo con ellos la defensa de sus viviendas'. 'Sólo se está esperando que aparezcan casos de miembros de brigadas como presuntos culpables de incendios para enviar a la sociedad mensajes adulterados sobre nuestra profesionalidad', matizó la Asociación.
La creación de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA)
Una de las apuestas más fuertes -y también más criticadas- del naionalista Alfredo Suárez Canal fue constituir la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos. La sociedad nació con el objetivo desarrollar distintos trabajos en materia forestal, así como la contratación de brigadas preventivas para «axilizar» las actuaciones contra el fuego. La gestión de la empresa será compartida por las consellerías de Economía, que le dará soporte económico, y Medio Rural, responsable de las distintas materias de lucha contra los incendios forestales.
La llegada de SEAGA fue muy mal recibida por los sindicatos. APROPIGA y CC.OO. han calificado la creación de esta empresa como un acto de gobierno "incoherente y contradictorio", calificaciones muy duras teniendo en cuenta que vienen de sindicatos ex ante afines al bipartito gallego. Estos sindicatos han denunciado a PD "coacciones a los trabajadores para que acepten contratos laborales injustos y que no están en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la Xunta".
Los sindicatos acusan a la Xunta de apostar por "un modelo perverso de administración paralela que se utiliza abusivamente con fines clientelares". En la misma sintonía se ha manifestado el diputado popular Roberto Castro quien afirmó a este medio que SEAGA es "una agencia para colocar amigos fuera del control de la Xunta ya que no se informa de ella ni el Diario Oficial de Galicia. Para el diputado, la empresa pública es una "tapadera con fines políticos" que no rinde cuentas a nadie.
Una ley insuficiente
El instrumento legal mediante el cual Suárez Canal intentó basar su estrategia fue la aprobación a fines de marzo de la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. El objetivo de esta disposición es la defensa de los montes o terrenos forestales contra los incendios, y también la defensa de las personas y sus bienes afectados. Para ello se promoverá una política activa y coordinada de prevención, entre las distintas administraciones públicas.
La espíritu de la ley establece un polémico principio: el fuego es responsabilidad de todos y quien no haga algo para evitarlo será multado y castigado. Con cierto aire maoísta, estipula que toda persona deberá extremar el cuidado del monte en la realización de usos o actividades en el mismo, respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas en la normativa, ya autonómica o estatal. Además, en consonancia, se establece la obligación de colaborar, cuando así se nos requiera por las autoridades competentes, según nuestras posibilidades y circunstancias.
Asimismo, se considerará un delincuente a quien haya provocado un incendio de forma no premeditada pero como consecuencia de una imprudencia grave, por infringir o ignorar el cuidado que se debe tener o cuando el riesgo es evitable y previsible. Por ejemplo, cuando alguien enciende una lumbre en el mes de agosto para asar unas chuletas. Para estos casos, las penas van desde condenas a cárcel de uno a cinco años, según la gravedad del incendio, hasta multas que pueden oscilar entre los 36 euros y los 9.015 euros. Además, si por culpa del incendio forestal se ha puesto en peligro la integridad de alguna otra persona, la pena de cárcel se eleva de diez a veinte años.
Pero la ley no está exenta de críticas. Roberto Castro justificó su oposición en la negativa de los demás grupos a incorporar la palabra "extinción" al conjunto de la ley y en el empeño en basar la lucha contra el fuego en la limpieza del monte, algo que consideró una utopía. "Falta en el articulado un abordaje a fondo sobre el tema de la extinción".
También recordó que en el pleno le reprochó a Suárez Canal la creación del banco de tierras, que "bordea la confiscación", "tiende a la nacionalización de tierras agrarias" y "constituye un posible atentado a la propiedad". "Esto no es la Rusia poszarista", le espetó en su momento. Castro concluyó que su grupo rechaza las conductas incendiarias y añadió que la única ventaja para el gobierno bipartito es que "las cien mil hectáreas que se quemaron en 2006 ya no van a arder".
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Domingo, 23 de noviembre
