
(RD).-Aunque Foz no es ejemplo de ese urbanismo modélico que dice impulsar el bipartito, PSdeG y BNG votaron ayer en contra de de revisar la concesión de las licencias urbanísticas otorgadas en el Ayuntamiento de Foz, en manos socialistas.
A su vez, los populares rechazaron una enmienda de sustitución presentada por los grupos del bipartito para restaurar la legalidad urbanística en toda Galicia, especialmente, en las zonas costeras con "mayor presión urbanística", como la Mariña lucense, la Costa da Morte o el Val Miñor.
El debate de esta iniciativa parlamentaria derivó en cruces de acusaciones entre los grupos que apoyan al gobierno y la oposición y, especialmente, entre socialistas y populares. Así, la popular Pilar Rojo acusó al alcalde de Foz, José María García Rivera, de cometer un "acto de corrupción política sin paliativos" por haber validado las 40 licencias para la construcción de 1.350 viviendas a pesar de ser consideradas ilegales por la Consellería de Política Territorial.
"Parece que los alcaldes del PSdeG pueden hacer lo que quieran y los demás, no", se quejó al tiempo que recordó que el propio secretario de Organización del PSdeG y conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, defendió públicamente a este alcalde "frente a las denuncias" de la Xunta. "Si esto sucede con regidores del PP son graves irregularidades urbanísticas, pero si son del PSOE son simples errores", agregó.
De esta forma, consideró que "no se trata igual" a todos los ayuntamientos en función de su color político. Por ello, acusó a la Xunta de practicar un "claro ejemplo de cinismo político" al defender un nuevo modelo de desarrollo urbanístico y permitir "irregularidades flagrantes como las de Foz". "Fue la Xunta la que convirtió el urbanismo en un campo de batalla generando ilegalidades y, ahora, se volvió en su contra", puntualizó, tras lo cual precisó que si existe alguna "Marbella" en Galicia, está en Foz.
Por ello, instó a socialistas y nacionalistas a que apoyasen una proposición no de ley que reclamaba a la Xunta la revisión de las licencias urbanísticas de este ayuntamiento lucense y la adopción de las "medidas necesarias" para restaurar la legalidad urbanística en este municipio.
Jueves, 18 de marzo