(RD).- El PP de Castilla-La Mancha cree que el nuevo Pacto por la Vivienda que firmará el próximo lunes el Gobierno regional, servirá «sólo para beneficiar a veinte o treinta promotores amigos de Barreda» y perjudicará a los castellano-manchegos.
Así lo aseguraron ayer el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Marcial Marín, y el diputado regional José Manuel Velasco. «Barreda ha faltado a sus promesas y se ha convertido en un agente inmobiliario», afirmó Marín.
También acusó al presidente regional de ocultar información al PP y a los ciudadanos, y añadido que el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, desautorizó este acuerdo al afirmar, en unas recientes declaraciones, que rechaza la intervención de la Administración para paliar la caída de la construcción.
Asimismo, se preguntó y exigió una explicación sobre si entre las casas que va a comprar la Junta se encuentran las que está construyendo Francisco Hernando «El pocero» en la macrourbanización de El Quiñón, en Seseña (Toledo).
Finalmente, Marín instó a Barreda a que cumpla su promesa de construir 50.000 viviendas de protección oficial durante esta legislatura y a que ponga en marcha la Ley de Garantías, porque el precio del que se está hablando para las viviendas de iniciativa público-privada (VIPP) va a ser superior a las de protección oficial. «Van a ser viviendas «VIP»», ironizó.
Por su parte, Velasco lamentó el «desprecio» que ha supuesto para el PP que Barreda presentase el plan «sin avisar a nadie» y pensando más en los «intereses privados» que los de los ciudadanos de la región.
Compradores reales
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno regional, María Luisa Araujo, aseguró que en Plan por la Vivienda de Barreda «encaja perfectamente» con la filosofía planteada por Solbes, porque no se trata de una medida artificial para sostener el sector, sino que existen compradores reales.
«El Plan pretende conectar oferta y demanda, y dejar que el mercado de respuesta a esta ecuación», añadió.
Además, criticó la actitud que ha mantenido el PP desde que se dio a conocer el Pacto, ya que «a pesar de reconocer que no tienen información sobre el mismo no han dudado en rechazarlo».
Araujo explicó que la principal razón de ser de este convenio es satisfacer las necesidades de «esas más de 47.000 personas que están inscritas en el registro de demandantes», e insistió en que además beneficiará a la economía de la región.
«Aunque no sea el objetivo principal, va a servir para dinamizar el sector de la construcción, muy importante para Castilla-La Mancha».
Martes, 7 de octubre
