(RD/Agencia).-La Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón rechazó una proposición no de ley del Partido Popular que pedía que la normativa referente a la atención a la dependencia recogiera expresamente el derecho del ciudadano a la información y un sistema eficaz que transmitiera la información de modo "directo, personalizado, transparente" y actualizado.
La iniciativa contó con el voto en contra del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Aragonés (PAR), que sumaron diez votos, y el apoyo del PP y de Chunta Aragonesista (CHA), con siete votos.
La portavoz del PP, María Felisa Rodríguez, precisó que su iniciativa apostaba por una "mejor gestión del sistema" y "una más ágil disponibilidad de la información" en lo que se refiere a la aplicación de la ley de la dependencia, para lo que estimó necesario una "modernización" de la administración y "simplificar las relaciones con el ciudadano".
Este "no sólo quiere conocer la legislación", sino su situación personal dentro del proceso, dijo en referencia a la ley de la dependencia. Sin embargo, la portavoz del PSOE, María Ángeles Ortiz, explicó que el derecho a la información ya está garantizado en la normativa actual.
Agregó que es intención del Gobierno de Aragón de reforzar los instrumentos de información en los servicios sociales que presta la comunidad autónoma y adelantó que en la futura ley de Servicios Sociales "concreta algún aspecto para reforzar ese derecho a la información y se anuncia la futura reglamentación en los distintos ámbitos".
Además, comentó, desde la dirección general de Atención a la Dependencia se sigue trabajando en elaborar una base de datos propia que permita un "seguimiento detallado" del estado de la tramitación de los diferentes procedimientos, que "redundará más y son herramientas suficientes para garantizar ese derecho".
La portavoz del PAR, María Herrero, recordó que éste es un derecho constitucional y señaló que "si hay situaciones en las que creen que no se garantiza, me parece grave" y "deberían actuar al respecto". No obstante, reconoció que en ocasiones "el procedimiento es complicado" y eso puede "trasladar la sensación de que no se recibe esa información", pero "otra cosa es decir que no está garantizado".
El portavoz de CHA, Chesús Bernal, argumentó que "lo que abunda no daña" y si bien "parece que es evidente, nos encontramos con situaciones injustificadas" y por eso estimó positivo que la comunidad autónoma traslade a su propia normativa este derecho. Además, "conozco casos en los que no vendría mal que la administración sepa que tiene ese derecho en su propia normativa".
Miércoles, 7 de enero
